Lex Licinia Mucia
(95 a.C.). El problema de la emigración de itálicos a Roma, alcanzó proporciones tan inquietantes que los cónsules Publio Licinio Craso y Quinto Mucio Escévola, se vieron obligados a dictar esta ley que excluía de la ciudadanía romana a todos los itálicos que la hubiesen logrado por medios fraudulentos y creaba un tribunal especial para la investigación de los casos dudosos. La medida, aunque probablemente necesaria, en las circunstancias del momento, era miope e inoportuna, porque, al mostrar la inflexibilidad del gobierno romano, podía convertir las continuas frustraciones itálicas en sublevación armada.