Derecho ateniense
El más antiguo código legislativo ateniense fue el de Dracón, pronto superado por el de Solón. La expresión "leyes de Solón" era una convención para designar el conjunto del derecho ateniense, aunque por supuesto había mucha legislación posterior. Pero Atenas no tuvo un código de leyes coherente y publicado hasta la reinscripción de las leyes llevada a cabo al final del siglo V a.C.. Inicialmente la administración de justicia estaba en manos de los magistrados, pero la institución por parte de Solón de la Heliea y la apelación al pueblo iniciaron un proceso que culminó en un sistema de tribunales formados por jurados (Ver, Dicasterio), presididos por los arcontes o magistrados, o diferentes funcionarios que tenían distintas competencias. Los jurados normalmente eran varios cientos escogidos de un panel constituido cada año y formado por 6.000 ciudadanos y que desde el tiempo de Pericles recibían una paga por su actividad. Se les consideraba como representantes del pueblo, aunque excepcionalmente, por ejemplo en caso de eisangelía, la propia ecclesía funcionaba como tribunal, mientras que el Areópago y otros tribunales para homicidios actuaban por separado. Aunque ocasionalmente se nombraban fiscales que ejercían el ministerio público, la mayor parte de los procedimientos se abrían a instancias de particulares. En los casos particulares era la víctima (o, en caso de homicidio, un pariente); pero en las causas públicas podía tomar la iniciativa cualquier ciudadano. En este caso se incluían ciertas ofensas contra individuos que se sentía que podían afectar a toda la comunidad, en donde la víctima se entendía que carecía de poder. Este sistema voluntario estimulaba la responsabilidad comunal en la acción de la justicia; pero estaba abierto al abuso y la presencia de perseguidores poco dignos (sicofantes) fue un problema permanente. Es más, este sistema, y la posibilidad de acusar a un proponente de leyes en la asamblea por una propuesta ilegal o "sin consecuencias", estimuló el uso de los tribunales para fines políticos. En ellos no había expertos legales: el arconte y los jurados eran legos y los litigantes preparaban y presentaban sus propios casos, a veces con ayuda de oradores, puesto que el objetivo crucial era convencer al jurado. Ver, Judicial (procedimiento griego).