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Ley romana introducida por Saturnino, Lucio Apuleyo en 103 a.C.. Proveía a cada veterano romano de una parcela de 100 iugera (25 Ha), en territorio africano, a los veteranos del ejército de África. La ley venía a sancionar el proyecto de colonización ultramarina, propuesto en su día por Cayo Graco en Cartago, como única forma de resolver el problema de una política social de distribución de tierras en Italia, donde ya no existía ager publicus disponible. Ver, Saturnino, Lucio Apuleyo.

Ley del derecho romano que establecía una indemnización a los propietarios de los bienes lesionados por culpa de alguien. Establecida en el año 286 a.C. hacía referencia a los daños causados a las cosas. La lex Aquilia aparece mencionada en el Digesto de Justiniano, y se refiere a los daños causados damnum iniuria datum, "daños causados ilegalmente", una especie de acto ilícito (o delito), aunque con diferencias de agravio como se conoce en los modernos sistemas de derecho común. Las disposiciones pertinentes se encontraban en los capítulos primero y tercero de la ley. La primera sección indica que una persona que ilegalmente, o incorrectamente, asesina a los esclavos de otro hombre o a los animales de su rebaño (pecus) debe pagar al propietario el valor más alto que el esclavo o el animal tenía el año pasado. El tercer capítulo se refiere a los ilícitos "quema, ruptura o desgarramiento" (urere, frangere, rumpere), no sólo de los esclavos y ganado, sino también de otros bienes. Ver, Lex Cornelia de Iniuriis.

(454 a.C.). Ley de los cónsules Aulo Aternio y Espurio Tarpeyo, que debió fijar un límite a la cantidad que se debía depositar para poder litigar (sacramentum), y que se quedaba el erario público cuando la sentencia no era favorable al depositante.

o Lex Atia de sacerdotibus. Ley romana del año 63 a.C., propuesta por el tribuno de la plebe Titus Atius Labienus, en el consulado de Lucio Julio César y Lucio Marco Fíguls, que abolía la Lex Cornelia de Sacerdotiis del tiempo de Sila y restablecía la lex Domicia. Señalaba que los colegios propondrían dos personas por cada vacante al sacerdocio, y una de ellas sería elegida por el pueblo.

Ley romana introducida por los tribunos de la plebe Lucius Atilius y Gaius Marcius en 311 a.C.. La ley autorizó a las personas a elegir 16 tribunos militares para cada una de las cuatro legiones. Se aprobó en un contexto de lucha de clases en la Roma republicana. Antes de esta legislación, los tribunos militares no eran elegidos, y su posición estaba en gran parte en manos de los magistrados al mando, el dictador o los cónsules. A partir del 311 los 16 tribunos militares debían ser elegidos por voto popular. También se promulgó una ley por separado para imponer la elección de los comisionados navales a cargo de la puesta en servicio y el reacondicionamiento de la flota.

Esta ley parece que fue introducida por Labeón, Gayo Atinio (Gaius Atinius Labeo) en 197 a.C.. La ley se refería a la usucapio, adquisición de un título o derecho de propiedad por posesión ininterrumpida e indiscutible por un período prescrito. La ley impidió la adquisición del título por posesión continuada de bienes robados. Gelio, Aulo la cita y explica su significado. Ver, Usucapión.

(siglo I a.C.). Plebiscito del tribuno popular Cneo Aufidius, según el cual se permitía traer animales salvajes a Roma para utilizarlos en los juegos de circo.

Fue una ley introducida por el cónsul Gaius Aurelius Cotta en el 75 a.C.. Esta ley le dio a los antiguos tribunos de la plebe el derecho de mantener otras magistraturas, lo que había sido prohibido por el dictador Lucius Cornelius Sulla unos años antes. La ley de Cotta era de alcance limitado y no restableció los plenos poderes del tribunado. Las reformas constitucionales hechas por Sila entre los años 82 y 80 a.C. redujeron ampliamente los poderes de los tribunos. La aversión de Sila al tribunado y su visión del peligro debido a su uso por políticos radicales populares, lo llevaron a reducir tanto el alcance de sus poderes como su prestigio. Al eliminar el derecho a los tribunos de la plebe para mantener otras magistraturas adicionales, redujo drásticamente el atractivo de la trayectoria profesional de los políticos ambiciosos. Un intento anterior de derogar estos aspectos de la constitución de Sila fue intentado en el 78 a.C. por Marcus Aemelius Lepidus. Como optimate y asociado de Sila, hay mucha discusión sobre sus motivaciones para derogar las medidas de Sila; quizás como un gesto para pacificar al pueblo romano en un período de hambre, o tal vez para reunir apoyo para la campaña de su hermano para ser elegido cónsul en el 74 a.C..

Lex Baebia fue una de las muchas leyes promulgadas durante la República romana para combatir el ambitus (soborno o corrupción) en el proceso electoral. Existe cierta confusión sobre la naturaleza exacta de esta ley, es decir, si se trata de una sola ley o de dos. La lex Baebia de Praetoribus ordenó la elección de cuatro y luego seis pretores en años sucesivos. Esta ley, sin embargo, nunca fue observada. Una segunda, la Lex Baebia de Ambitu, implicó combatir el soborno electoral. Ambas leyes tenían un propósito similar. Las leyes fueron defendidas por el cónsul plebeyo Bebio Tanfilo, Marco en 181 a.C..

Ver, Leges Clodiae (eran una serie de leyes (plebiscitos) aprobadas por el Consejo plebeyo de la República romana bajo el tribuno ….).

Ley puesta en práctica por los cónsules Metelo, Quinto Cecilio Nepote y Didio, Tito en el año 98 a.C.. Regulaba el derecho sin trabas del pueblo a legislar, concediendo al Senado la decisión última en los casos en que se impugnara la validez de una ley. Tenía dos disposiciones: la primera señalaba un período mínimo entre la proposición de una ley romana y su votación; la segunda era una prohibición de disposiciones misceláneas en una sola ley romana. Esta ley fue reforzada por la lex Junia Licinia en 62 a.C., una ley general presentada por Lucius Licinius Murena y Decimus Junius Silanus. La primera disposición decretaba la observancia del período de trinundium para la promulgación de leyes y determinó cuanto tiempo tenía que transcurrir entre la publicación de una ley y su votación en la asamblea. El período de tiempo designado como trinundium se ha interpretado como tres semanas romanas de ocho días (es decir, 24 días) o tertiae nundinae, en el tercer día de mercado (17 días). La segunda disposición de la lex Caecilia Didia prohibía leges saturae, es decir, leyes "rellenas" "saturadas", que eran un compendio de temas heterogéneos. Esto significaba que en un solo proyecto de ley romano, no podría haber un conjunto de medidas no relacionadas. No pasó mucho tiempo para que la lex Caecilia Didia entrase en vigor. Significativamente, en 91 a.C. el cónsul Lucius Marcius Philippus, en su calidad de augur, logró que las leyes del tribuno Marcus Livius Drusus el Joven fueran abrogadas con el argumento de que contravenían la segunda disposición de la lex Caecilia Didia. Este acto se ve a menudo como un factor principal que contribuyó al estallido de la Guerra Social (91-88 a.C.). La lex Caecilia Didia fue una respuesta directa a los eventos del año 100 a.C. y un intento de reducir la legislación apresurada aprobada en los Comitia. En ese año, Mario, Gayo ganó su sexto consulado. Bajo Mario, el tribuno populista Saturnino y el pretor Glaucia propusieron y aprobaron leyes de tierras liberates que asignaban tierras en la provincia de África a los veteranos de Mario. Sin embargo, la naturaleza radical de estos proyectos de ley y los métodos forzados que Saturnino y Glaucia utilizaron para asegurar su aprobación enajenaron a una gran parte del pueblo romano y eventualmente a Mario. Como resultado, las leyes de Saturnino fueron derogadas y se le enfrentó a la lex Caecilia Didia. El objetivo era frenar la aprobación de proyectos de ley radicales, con la suposición de que el período de trinundio daría a los ciudadanos el tiempo necesario para comprender la ley propuesta o para persuadirlos de votar en contra.

Esta ley de la República romana en vigor desde 445 a.C. permitió matrimonios entre plebeyos y patricios, restableciendo el derecho de conubium entre ellos. El desencadenante de esta ley tuvo lugar en 449 a.C., tras la primera victoria de los plebeyos en el conflicto con los patricios. Cinco años antes, como parte del proceso de establecimiento de la Ley de las XII Doce Tablas, el segundo decemvirato había impuesto severas restricciones a la orden plebeya, incluida una prohibición de los matrimonios mixtos. Gayo Canuleyo, uno de los tribunos de la plebe, propuso una rogatio que derogaba esta ley. Los cónsules, Marcus Genucius Augurinus y Gaius Curtius Philo, se opusieron vehementemente a Canuleyo, argumentando que el tribuno proponía nada menos que la ruptura del tejido social y moral de Roma, en un momento en que la ciudad se enfrentaba amenazas externas. Canuleyo les recordó las numerosas contribuciones de romanos de bajo nacimiento, incluidos varios de los reyes, y señaló que el Senado había otorgado voluntariamente la ciudadanía romana a los enemigos derrotados, aunque mantenía que el matrimonio de patricios y plebeyos era perjudicial al Estado. Luego propuso que, además de restablecer el derecho de conubium, la ley debería cambiarse para permitir que los plebeyos tuviesen el consulado; todos menos uno de los otros tribunos apoyaron esta medida. Una observación mal elegida por el consul Curtius, en el sentido de que los hijos de matrimonios mixtos podían provocar el disgusto de los dioses, impidiendo así la validez de los auspicios, inflamó a la plebe de modo que los cónsules cedieron a sus demandas, permitiendo una votación sobre la rogatio original de Canuleyo. La prohibición de los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos fue derogada, revocándose la Ley de las XII Doce Tablas. Los hijos que naciesen de estas uniones seguían la condición de su padre. Sin embargo, la segunda propuesta que permitía a los plebeyos presentarse al consulado, no fue sometida a votación. El senador Gaius Claudius Sabinus, hermano de uno de los decemviros, discutió vehementemente con él, e instó a que se usara la fuerza contra los tribunos cuando obstruyeran un levantamiento de tropas a menos que el Senado aceptara considerar la ley. Esta escalada radical fue impedida por su colega, Lucius Quinctius Cincinnatus, y su hermano, Titus Ouinctius Capitolinus Barbatus. Claudio luego sugirió que los tribunos militares con poder consular podrían ser elegidos para cualquier otro cargo, en lugar de cónsules; pero él no estaba dispuesto a presentar el asunto por sí mismo, delegando el desagradable asunto a Tito Genucio, hermano del cónsul, que tenía la intención de comprometerse con los plebeyos. Esta propuesta fue bien recibida, y los primeros tribunos consulares fueron elegidos para el año siguiente, en el 444 a.C.. Ver, Canuleyo (Gayo).

Esta ley romana fue introducida por Lucius Cassius Longinus Ravilla en el 137 a.C. introduciendo el voto secreto en las asambleas populares, con la excepción de los casos de traición. Casio era un noble plebeyo que se convertiría en cónsul en 127 a.C. y censor en 125 a.C.. La aprobación de la ley fue rechazada por el tribuno M. Antius Briso, quien amenazó con aplicar su veto con el apoyo de M. Lepidus, uno de los cónsules del año. La amenaza de veto era inusual, ya que no era habitual que se aplicara en asuntos que se consideraban de interés para los plebeyos. Al parecer, Briso fue disuadido de hacerlo por Escipión Aemiliano, según cuenta Cicerón, tal vez mostrando sentimientos populares.

Hacia 287 a.C., el dictador Quinto Hortensio hizo votar esta ley, según la cual los plebiscitos eran obligatorios para todos los ciudadanos. Ver, Lex Hortensia.

Las primeras reglas restrictivas romanas ante los actos que, como la donación, se inspiraban en la liberalidad, se contienen en la ley Cincia. Fue un plebiscito promulgado en el 204 a.C. a propuesta de la tribuno de la plebe Marco Cincio Alimento (Marcus Cincius Alimentus). Intentaba regular las donaciones, por lo que también se conoce como Lex Cincia de donis et muneribus. Establecía limitaciones a las libertades entre las personas vivas, por ejemplo, prohibía las donaciones entre cónyuges (probablemente con el objetivo de evitar la fragmentación del patrimonio del pater familias, como resultado de la propagación de matrimonios sine manu) y la prohibición de donaciones de un valor superior (ultra modum) desconocido para nosotros, siempre con el objetivo de evitar la fragmentación de los activos. Otra disposición de la ley se refería a los honorarios de los abogados, que estipulaban que a ningún abogado se le podrían otorgar obsequios antes de defender un caso. Esta disposición fue probablemente destinada a evitar que el costo de los servicios forenses se volviera excesivo para las clases mas pobres. Las restricciones a la compensación por la defensa de un caso generalmente se refieren a las primeras etapas del caso, aunque algunas disposiciones se aplicaron más allá de estas primeras etapas. Algunas disposiciones se aplicaron a los obsequios en general. Los pequeños obsequios se podían dar libremente, pero los obsequios grandes requerían ciertas formalidades. Una formalidad común se conocía como In Jure Cessio, que era una antigua doctrina legal que se remontaba a las Doce Tablas del año 450 a.C.. En este proceso, el abogado reclamaría el derecho al obsequio en presencia de un magistrado romano y de la persona que realizaba el obsequio. Estas mismas disposiciones se aplicaban por igual a los parientes. El emperador Antoninus Pius introdujo una excepción a favor de padres e hijos, y también de otros parientes cercanos, aunque esta excepción parece haber sido posteriormente abolida, y luego restaurada por el emperador Constantino en 319. En época de Augusto, la lex Cincia de donis et muneribus fue confirmada por un senatusconsultus y se introdujo una sanción para el abogado, equivalente a cuatro veces la suma recibida como regalo. Esto fue parte del intento de Augusto por restaurar las antiguas virtudes de la República. La ley fue cambiada nuevamente bajo Claudio, introduciendo la autorización, para el abogado, para recibir 10.000 sestercios; si se excediera esta suma, el abogado podría ser juzgado por extorsión (repetundarum). En época del emperador Trajano, no se permitía pagar a los abogados hasta que su trabajo estuviera terminado. Era una ley imperfecta, porque no establecía la invalidez de las donaciones hechas contra la prohibición, ni las sanciones para los delincuentes. Por ello, para hacerla respetar, el pretor concedía al donante la excepción de la ley Cincia (exceptio legis Cinciae) frente a la acción emprendida por el donatario para conseguir la ejecución de la donación. La ley Cincia fue abolida hacia mediados del siglo V, aunque mucho antes había caído en desuso.

o Plebiscitum Claudianum. Ley establecida en la República romana en el año 218 a.C., presentada por el tribuno Quintus Claudio y apoyada por el senador Cayo Flaminio Nepote, cónsul en 223 y 217 a.C.. La única fuente antigua para su discusión es el historiador Tito Livio. Propuesta a comienzos de la Segunda Guerra Púnica, la ley prohibía a los senadores y a sus hijos poseer un "barco que navega en el océano" (maritimam navem) con capacidad para más de 300 ánforas, equivalente a un tonelaje de siete toneladas, mientras que la capacidad media de los barcos mercantes de época romana solía ser entre tres mil y cinco mil ánforas, o sea, de ciento treinta a trescientas toneladas. La Lex Claudia representa uno de los mayores intentos de establecer una separación entre la clase gobernante y la clase comerciante en la República romana. Forzó a la clase senatorial a concentrar la propiedad agraria a gran escala, dejando a la clase ecuestre los negocios navieros y el comercio a larga distancia. Los enormes latifundios de los senadores romanos provocaron disfunciones sociales que explican el ascenso de los Gracos en el 133 a.C., y el resto de las transformaciones que llevaron a la crisis de la República. Aunque los senadores ya tenían prohibido legalmente participar en el comercio, habían encontrado formas de eludir esa prohibición, de modo que la nueva ley se aseguraba de que no pudieran beneficiarse indirectamente de participar en la más lucrativa de las actividades mercantiles: el comercio a larga distancia por vía marítima, especialmente en vísperas de la segunda guerra púnica, momento en que estaba en plena expansión, y que lo estaría aún más como consecuencia de las guerras y la expansión territorial de la República por el Mediterráneo. Enriquecerse con el comercio era considerado una actividad impropia de la clase superior, que únicamente tenía como forma honorable de riqueza la propiedad de la tierra, el botín de guerra y los cargos públicos, a pesar de que el ejercicio de las magistraturas era gratuito (ad honorem). La ley podía considerarse como un intento de asegurar que los senadores tomaran sus decisiones en torno a la guerra y la paz mirando solo el bien de la República y no sus propios intereses financieros. Así se entiende que Flaminio, a pesar de la oposición de todos los senadores, eludiera el paso de la ley por el Senado, como una forma de fortalecer la pureza política en la toma de decisiones. La oposición de los senadores parece que tenía como argumento que, simplemente, interfería con su libertad. Como resultado de la ley, las familias de clase senatorial incrementaron sus inversiones en compañías comerciales y adquisición de tierras por toda la península itálica. La mayoría de los estudiosos modernos estan de acuerdo en que la lex Claudia fue creada con la intención de restringir el poder económico, social y político de las élites, que planteaban una amenaza antes de la introducción de la misma.

Ver, Leges Clodiae (eran una serie de leyes (plebiscitos) aprobadas por el Consejo plebeyo de la República romana bajo el tribuno ….).

Ver, Leges Clodiae (eran una serie de leyes (plebiscitos) aprobadas por el Consejo plebeyo de la República romana bajo el tribuno ….).

Ver, Leges Clodiae (eran una serie de leyes (plebiscitos) aprobadas por el Consejo plebeyo de la República romana bajo el tribuno ….).

Ver, Leges Clodiae (eran una serie de leyes (plebiscitos) aprobadas por el Consejo plebeyo de la República romana bajo el tribuno ….).

Ley de la colonia Genetiva Iulia del año 44 a.C.. Contiene el régimen de la colonia de ciudadanos romanos Genetiva lulia Urso (Osuna) en España. Su texto, en cuatro tablas de bronce, fue descubierto en 1870. Regula todavía, en el capitulo 61, la posibilidad de llevar a prisión al deudor, lo que prueba la supervivencia de las legis actiones en pleno siglo I. Este capítulo se refiere, en su parte final, al vindex injusto. Si éste es convicto de injusticia queda ejecutivamente obligado a pagar el doble, de donde procede la actio iudicati in duplum. Esta ley concede, además, una acción a "qui volet" por una multa de veinte mil sestercios, pero no elude a la posibilidad de dar muerte o vender como esclavo al ejecutado; posibilidad ya desaparecida con la Lex Petelia Papiria del año 326 a.C.

Ley romana aprobada en el año 81 a.C.. Parece ser una ley que sancionaba los actos pasados de Lucio Cornelius Sulla Felix, como parte de un programa para fortalecer el Senado.

Ver, Lex Cornelia de iurisdictione.

El término injuria en Derecho romano designa en sentido amplio cualquier acto realizado sin derecho (como contrapuesto a ius - non iure). La Ley de las XII Tablas castigaba como injuria sólo algunos hechos que constituían atentados contra la integridad corporal: amputación de un miembro (membrum ruptum), fractura de un hueso (os fractum), o cualquier ofensa física sin lesión, como una bofetada. Más adelante, y fundamentalmente por obra del Pretor, se amplió considerablemente el ámbito del delito, concibiéndose como injuria todo tipo de ofensa, ya fuese física o moral. Así, sería considerado como delito de injuria, tanto el golpear con intención de causar una afrenta, como el atentar contra el pudor de mujeres y jóvenes honestos, con insinuaciones, palabras o actos inconvenientes. También se consideraba injuria las palabras infamatorias contra una persona para desprestigiarlo ante sus conciudadanos, o el hecho de componer, escribir o publicar libelos difamatorios, etc.. El ofendido moral o físicamente podía ejercitar la acción de injurias estimatoria, para conseguir del culpable una indemnización en metálico proporcional a la ofensa recibida. Se llama precisamente estimatoria porque el importe de la indemnización no era fijo, sino estimado por el juez en base a circunstancias de tiempo y lugar, a la honorabilidad de la víctima, a la intención del autor de la ofensa, etc.. La acción de injurias, al igual que la actio furti es infamante, y no se transmite ni contra los herederos del autor de la ofensa ni a los herederos del injuriado. Es de advertir que, aunque en principio la violación de domicilio era también considerado como un delito de injuria, a partir de la lex Cornelia del dictador Sila, escapa al ámbito de este delito privado para convertirse en un delito público perseguible mediante un procedimiento criminal.

(siglo I a.C.). Ley de Sila, precisando el orden en que debían asumirse las diferentes magistraturas, la edad mínima requerida y el intervalo temporal de investidura entre cada magistratura y la siguiente.